La Fiscalía insiste en mantener en prisión a 'Cryptospain', el empresario que financió a Alvise:


Se le investiga por presuntamente liderar una estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado este jueves una vista para determinar si se mantiene o no en prisión a Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain, quien presuntamente aportó 100.000 euros para la campaña electoral europea de Alvise Pérez. La Sección Cuarta evaluó si ratifica la decisión del magistrado instructor José Luis Calama, quien el 7 de noviembre ordenó su ingreso en prisión sin fianza ante el alto riesgo de fuga, considerando los capitales que podría tener en el extranjero.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan que la fiscal anticorrupción Mar Scharfhausen defendió que las razones que motivaron su encarcelamiento continúan vigentes. Por su parte, la acusación ejercida por Zaballos Abogados, que representa a aproximadamente el 95% de los afectados, se alineó con la Fiscalía y subrayó que la defensa de Romillo no presentó novedades que pudieran justificar la revocación de la prisión.

Calama, que investiga a Romillo por estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, lo considera el cerebro de la presunta estafa piramidal realizada a través de Madeira Invest Club. En su auto de prisión, el juez advertía que dejarlo en libertad supondría un “riesgo cierto de que procediera a la ocultación, destrucción o alteración de pruebas relevantes”. La medida se adoptó tras la detención del empresario por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, después de que se informara a la Audiencia Nacional sobre una cuenta en Singapur con 29 millones de euros.

La defensa insiste en la colaboración de Romillo

Los abogados de Romillo recurrieron el auto argumentando que siempre ha estado a disposición judicial y que su detención previa era innecesaria, ya que se encontraba cerca de la Audiencia Nacional para declarar. Además, señalaron que los hechos narrados por Calama “no revisten mayor gravedad” que los ya investigados, y rechazaron la existencia de riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, destacando el arraigo familiar y social de Cryptospain.

La defensa enfatizó que Romillo ha colaborado en todo momento, asistiendo a todos los citaciones judiciales, y tiene intención de reparar el daño causado a los inversores. Sobre la posibilidad de ocultación de pruebas, aseguraron que no existe riesgo, ya que los elementos susceptibles de manipulación o destrucción ya están incorporados al procedimiento.

Los inversores respaldan la actuación de la Fiscalía

Fuentes del entorno de los afectados señalaron a ABC que los inversores valoran positivamente el trabajo de la fiscal y se sienten respaldados por su implicación en el caso.

En su escrito de oposición al recurso de Romillo, los abogados de los afectados destacaron que el auto de Calama presenta indicios más que suficientes de criminalidad por los delitos de estafa continuada agravada, organización criminal y blanqueo de capitales. Subrayaron que Madeira Invest Club ha dejado cientos de afectados, con inversiones que suman cerca de 200 millones de euros. Según un informe de la AEAT del 1 de noviembre de 2025, más de 582 personas invirtieron más de 50.000 euros sin recuperar nada, incluyendo 65 inversores que aportaron más de 250.000 euros. En total, los afectados representados por estos abogados habrían recuperado apenas un 2% de lo invertido.

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