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Nuevo éxito de Zaballos & Laborda en la devolución de plusvalía municipal

EL AYUNTAMIENTO DEVUELVE EL 100% DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

Recientemente hemos obtenido en el Despacho una respuesta completa y satisfactoria desde el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra (Madrid) a una solicitud de devolución de plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Este éxito se cosecha como resultado de un procedimiento administrativo sin intervención de ningún órgano judicial, lo cual ha supuesto una grata sorpresa en cuanto a la rapidez de la devolución íntegra a uno de nuestros clientes.

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias de 16 de febrero de 2017, de 1 de marzo de 2017 y de 11 de mayo de 2017 sostiene que el Impuesto que grava la plusvalía municipal, recaudado en la transmisión de bienes inmuebles urbanos en favor del Ayuntamiento, es contrario al principio constitucional de capacidad económica cuando el valor del suelo no ha experimentado un crecimiento entre la fecha en la que se adquirió el inmueble y la fecha en la que se transmite.

El propio nombre del Impuesto señala que debe gravar el incremento del valor del suelo. Lo que en absoluto se tiene en cuenta por parte de los Ayuntamientos, que siguen aplicando el Impuesto a pesar de que durante la crisis inmobiliaria muchos suelos hayan experimentado una caída de valor.

Ante una recaudación injusta, el ciudadano tiene la opción de acudir a la vía administrativa, en primer lugar, para hacer valer la doctrina del Tribunal Constitucional, y a la vía judicial como continuidad si el Ayuntamiento no le da la razón en la vía administrativa. Lo cual dependerá no de los argumentos jurídicos que se esgriman, sino de la política de cada Ayuntamiento.

Desde el Despacho tenemos la certeza del éxito de una reclamación debidamente planteada, acreditándose la disminución del precio del suelo en el momento de la transmisión, porque antes o después, si no es el órgano administrativo, será el órgano judicial quien aplicará lo acordado por el Tribunal Constitucional.


Francisco Jiménez
Zaballos & Laborda Abogados

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