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– Emilia Zaballos interpone dos querellas para impedir un pelotazo de más de 20 millones de euros

Emilia Zaballos interpone, como Administradora Judicial, dos querellas para impedir un “pelotazo” de más de 20 millones de euros que afectaría a contribuyentes y acreedores de una conocida inmobiliaria.

La abogada Emilia Zaballos ha interpuesto dos querellas contra José Pedro Alonso Pérez, propietario de tres edificios en el centro de Madrid valorados en más de 20 millones de euros, para impedir que se subasten y que no se paguen los impuestos que adeuda a la Hacienda Pública, la Tesorería de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Madrid, que superan los 1,7 millones de euros.

La empresa de Alonso Pérez, Inmobiliaria de Proyectos y Construcciones Pérez Pillado, S.L., es la propietaria de los inmuebles ubicados en la calle Santa Engracia, 129, Luchana, 20, y Santa Isabel 9.

Las deudas de esta empresa, a día de hoy, se elevan a casi 19 millones de euros. Pero podría subastarse por sólo 9 millones.

“Los principales acreedores de Pérez Pillado, S.L., son el Banco Sabadell, al que se le adeuda 13,3 millones de euros, y La Caixa, cuya deuda asciende a 2,3 millones de euros. Luego está la Agencia Tributaria, con casi  un millón euros, el Ayuntamiento de Madrid, con casi 460.000 euros, la Seguridad Social, con más de 54.000 euros pues hay proceso ya abierto de inspección, y el Banco Santander, con 152.000 euros”, explica Zaballos.

“Luego hay una lista de 15 acreedores, con diferentes cantidades, incluyendo al grupo  de abogados de su equipo, procuradores, notarios y los propios honorarios de la administradora única por auxilio judicial, que no han sido debidamente tramitados por el Juzgado de Primera Instancia 35, de Madrid”, añade.

“Ni la Agencia Tributaria, ni el Ayuntamiento, ni la Seguridad Social, que tienen una deuda conjunta de 1.727.000 –que es la ‘cosa pública’, la que nos afecta a todos- cobrarían sus deudas si se permite, la venta de la deuda por el Banco de Sabadell  a un grupo de inversores de los dos que hay: uno por parte de la actual propiedad curiosamente y otro buscado por el propio Banco de Sabadell según he podido saber”, continúa la abogada.

“Curiosamente la gran deuda frente a La Caixa tampoco se abonaría al ser una hipoteca en segundo rango de inscripción Dicha venta se está cerrando en estos días. Efectuada la misma, se solicitaría la ejecución de las hipotecas contra los tres inmuebles por impago, contra la mercantil deudora. La ejecución inmediata por el grupo de inversores conllevaría la adjudicación de dichos inmuebles en la subasta por tan solo el importe pagado en el momento de comprar del crédito. No olvidemos que el adjudicatario se quedaría con ellos libres de cargas a un precio irrisorio: en torno a 9 millones de euros, afirma Zaballos.

Lo que podría interpretarse como una gran maniobra de arquitectura financiera en perjuicio de todos los acreedores de buena fe y existiendo patrimonio más que suficiente para cubrirla en su totalidad, en opinión de la letrada.

DESIGNADA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Emilia Zaballos, socia directora del bufete Zaballos Abogados, fue designada administradora judicial de Perez Pillado, S.L. en junio de 2014.

La precaria situación económica por la que pasaba esta sociedad en 2014 llevó a una empresa acreedora, Tecnogrout, S.L., a solicitar a la Justicia su intervención y el nombramiento de un administrador judicial que tomara el control de Perez Pillado, S.L. para asegurarse el cobro de los 140.000 euros que le adeudaba.

El asunto cayó en el Juzgado de Primera Instancia 35 de Madrid, del que es titular el magistrado César Tejedor Freijo; la secretaria judicial es Adoración Turel García.

El cometido no resultó pacífico. Zaballos presentó la primera querella, en los Juzgados de Plaza Castilla, Madrid, el 21 de noviembre de 2014 contra Alonso Pérez y la esposa de éste, Graciela Molina, cinco meses después. Por los supuestos delitos de alzamiento de bienes, delitos  societario, delito de insolvencia punible, delito contra los trabajadores, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida y administración desleal, así como presunto concurso culpable.

Cuatro meses más tarde, el 10 de abril presentó la segunda querella. Ésta sólo contra Alonso Pérez, por los delitos de apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de estado civil y suplantación de cargo.

“La gestión administrativa de Pérez Pillado, S.L., ha sido de auténtico desastre. Tiene unos ingresos fijos mensuales –cien apartamentos en propiedad de los que el 60 por ciento está alquilado, por los que percibe más de 60.000 euros mensuales. O lo que es lo mismo, 720.000 euros al año, mas fianzas, y depósitos”, relata Zaballos. “720.000 euros por lo que no paga ningún impuesto ni otro tipo de gastos a día de hoy”.  

Sorprendentemente, al parecer sin haber sufrido ni una sola inspección ni seguimiento por órganos público durante más de diez años.

Según la abogada, su gestión al frente de esa empresa ha sido una auténtica pesadilla. El propietario  le dificultó su trabajo hasta la extenuación. Alonso Pérez siguió cobrando a los inquilinos, pero en efectivo, aunque no podía hacerlo, y firmó contratos, talones, documentos públicos, sin tener consentimiento, ni  poder para ello.

“Hemos tenido constancia de que ha firmado contratos de arrendamientos a espaldas de esta administración judicial, concretamente un local en el edificio de Luchana número 20 destinado a discoteca con una fianza de 10.000 euros y  60.000 euros más sin concepto. Encubierto en una aparente ‘carencia en el pago de rentas de dos años’”, dice la primera querella.

Pérez Pillado, S.L., no ha presentado “contabilidad en el Registro Mercantil en los últimos diez años. En concreto y respeto de la empresa intervenida, no ha presentado las cuentas de la misma desde el año 2004 y los libros oficiales desde 2007”, continúa el texto legal.

Algunos de sus empleados “han estado hasta  dos años sin cobrar sueldos, en algunos casos, y cuando menos, tres meses”, se puede leer en la misma. “Lleva sin hacer nada desde hace mas de  5 años, esto incluye desde las contabilidades, pasando por la presentación de impuesto como pago de los seguros de los trabajadores”.

Zaballos constató, según la citada querella, “el estado de abandono de los tres edificios, en algunos casos ausencia de buzones, telefonillos, ni llaves de acceso a la finca, humedades, grietas, cables de electricidad colgando, cristales rotos y un largo etc.”.  Así como un grave peligro para desarrollo de sus tareas los trabajadores con riesgos laborales de gran magnitud.

AUSENCIA DE COLABORACIÓN JUDICIAL

La abogada se queja de la nula colaboración de los máximos responsables del Juzgado de Primera Instancia número 35, el juez Tejedor y la secretaria Turel.

“El juez me recibió tras muchas insistencias, por primera vez, el 17 de abril pasado. A los 9 meses y 24 días de mi designación y tras haber sido cesada previamente y sin razón por la secretaria judicial en dicho cargo. La secretaria judicial se ha distinguido por la ausencia total de colaboración con mi persona y con el cometido que oficialmente se me encomendó”, relata Zaballos.

La abogada recibió el comunicado de su cese como administradora judicial el pasado 19 de enero de 2015 porque el Juzgado determina que Pérez Pillado, S.L., mediante terceros, había pagado, de acuerdo con la secretaria judicial, el total de la deuda contraída con Tecnogrout, S.L.

Sin embargo, la letrada entiende que eso no acaba con su vinculación al caso. Según ella, ha sido testigo de un buen número de delitos y lo ha puesto en conocimiento de la justicia personándose como querellante, sin recibir apoyo por parte del juez y de la secretaria del Juzgado de Primera Instancia 35.

“Ahora ha llegado a mi conocimiento esta jugada: la venta de los tres edificios en subasta por un precio mínimo en el que está interesado Koldo Barrena Iturbe, así como otro grupo de clientes del propio Banco Sabadell. Desde mi punto de vista, considero que no es un proceso limpio y que, con ello, perdemos todos. Perdemos los impuestos que adeudan y que es dinero de todos. Pierden las empresas acreedoras y pierden los trabajadores. Y pierdo yo, como administradora única por designación judicial, ya que no he cobrado nada de mis honorarios. Por no haberlo tramitado ni la secretaria judicial ni el juez de Primera Instancia, de acuerdo a la normativa vigente en materia de peritos y auxilio judicial. Desconociendo que es un pago preferente y que forma parte de las costas judiciales. A costa del ejecutado, la sociedad mercantil Inmobiliaria de Proyectos y Construcciones Perez Pillado S.L.”

“Mi obligación era contarlo públicamente y es lo que estoy haciendo en defensa de los intereses generales y del colectivo de peritos judiciales, que vemos agredida nuestra fiel y buena actividad profesional”, termina explicando la abogada.

Fuente: Confilegal (http://www.confilegal.com/noticias/pelotazo-20-millones-euros-costa-contribuyentes-acreedores-22042015-2330)

La noticia aparece igualmente en la edición digital El Mundo Financiero.com:

http://www.elmundofinanciero.com/noticia/41186/Empresas/Emilia-Zaballos-interpone-dos-querellas-para-impedir-un-pelotazo-de-mas-de-20-millones-de-euros.html

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